DISCAPACIDAD Y DERECHOS

Las mujeres en Arabia Saudí podrán votar

Las mujeres en Arabia Saudí van a tener derecho a votar, pero siguen sin poder viajar, conducir o tener trabajos remunerados. Tampoco se les permite recibir educación superior ni casarse sin el permiso de un tutor varon. © AP GraphicsBank

“Las mujeres saudíes sufren una gran discriminación en muchos aspectos importantes de la vida y se les debe permitir cuestionar de manera pacífica semejante situación”, declaró Philip Luther, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y norte de África. "Aunque Arabia Saudí avanza en la dirección correcta, lo está haciendo demasiado despacio. De hecho, ser uno de los últimos países del mundo que ha concedido a las mujeres el derecho al voto no es un gran logro".

Amnistía Internacional muestra su alegría tras conocer el anuncio del rey Abdalá de Arabia Saudí a favor de que las mujeres puedan votar, presentarse como candidatas a las elecciones municipales a partir del año 2015 y ser designadas miembros del Consejo de la Shura, el órgano que se ocupa de asesorar a la monarquía.

Sin embargo, este anuncio no constituye un gran avance si tenemos en cuenta que el concepto de tutela de los hombres sobre las mujeres aplicado en Arabia Saudí limita gravemente los derechos de éstas en la vida pública y privada. Las mujeres no pueden viajar, conducir, tener trabajos remunerados, recibir educación superior ni casarse sin el permiso de un tutor varón. Además, las saudíes casadas con extranjeros no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos, mientras que los hombres en circunstancias similares sí pueden hacerlo.

"Esperamos que este anuncio sobre el derecho al voto sea la primera de una larga sucesión de reformas con que garantizar a las mujeres saudíes los derechos que tanto tiempo llevan reivindicando", declaró Philip Luther.

Que es la política?

1ª parte

Asociación social y política. Necesidad de reglas de convivencia

El hombre alcanza su perfección y plenitud cuando es capaz de crear, en comunión con sus congéneres, un sistema institucionalizador del poder político, o sea del Estado y usarlo para satisfacción del bien común, el cual no es otra cosa que una determinada forma de bienestar colectivo, como por ejemplo el orden y la paz social, el trabajo pacífico y productivo, el progreso, etc.

Cuando el hombre no es capaz de convivir de ese modo, entonces actúa como bestia, por la sola fuerza descontrolada y arbitraria. Bien dijo Aristóteles que ¨el hombre, que cuando ha alcanzado toda la perfección posible es el primero de los animales, es el último cuando vive sin leyes y sin justicia¨, que ¨nada hay más monstruoso que la injusticia armada¨, que ¨el hombre ha recibido de la naturaleza la sabiduría y la virtud para emplearlas en combatir sobre todo, las malas pasiones¨, que ¨el hombre sin la virtudes el ser más perverso y más feroz, porque sólo siente los arrebatos brutales de la pasión y del hambre¨. Aristóteles concluye diciendo, ¨la justicia es una necesidad social porque el derecho es la regla de vida para la asociación política y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho¨.

El hombre gracias a la razón es el único ser que sabe que muere. Viene al caso el pensamiento de Blas Pascal, que dice ¨el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña que piensa¨. El hombre se asocia a otros hombres, porque su naturaleza instintiva lo impulsa a ello. Hasta allí nada lo diferencia de otros animales como las abejas o las hormigas, que también viven en sociedad. Pero el hormiguero y la colmena, son actos ciegos, necesarios pero invariables, como si fuera empujados por un fatalismo irresistible, que hoy repiten lo mismo que hace miles de años, o los que harán mañana hasta la consumación de los tiempos, simplemente porque el instinto es irreflexivo, no se aprovecha de su propia experiencia, y repite siempre los medios de que se vale para lograr sus fines, pero no los perfecciona ni los desmejora es una actividad incesante, jamás interrumpida. El instinto está cerca de la inteligencia pero no es la inteligencia. La inteligencia es en suma la facultad de comprender y conocer, y la razón es la función más elevada de la inteligencia, la que regula todas las operaciones intelectuales. La razón es lo que diferencia al hombre de las abejas y las hormigas, y que en cuya virtud el hombre se vuelve – según Aristóteles- zoom politikon, es decir animal social y político capaz de vivir en sociedad y de institucionalizar el poder necesario para conducirla.

El hombre fue creado por Dios, causa no causada, o primer motor, y le dotó al hombre de la razón, el don del habla, que es la exteriorización de aquella. El hombre es el único capaz de acumular experiencia y transmitirla a las generaciones sucesivas, por lo tanto es el único ser capaz de fabricar historia. Ni las abejas ni otro animal es capaz de hacerlo.

El término ´política´

La raíz etimológica de la palabra hace referencia al término griego polis, que era la ciudad-estado, realidad que abarcaba no sólo el recinto urbano, sino también la comarca y a reunión de ciudadanos, asociados en una forma autosuficiente y autárquica.

Existen varios sentidos actualmente de la palabra política. Lo político se lo puede entender como un saber o como una acción. La primera es la política teórica, o sea un conocimiento metódico y sistemático de los fenómenos relacionados al poder y al Estado, mientras que la segunda o política práctica, es el conjunto de procedimientos o medios aplicados a alcanzar los fines el Estado.

En cuando a la especificidad de la política existe una corriente que define a la actividad política, en forma restrictiva, relacionando la esfera de lo político a la actividad que desarrolla el Estado, en tanto que otra definición más amplia, la vincula al estudio del poder, en todos los aspectos de la vida humana, que puede expresarse en la familia, los grupos, el Estado y entre los Estados. Es lo que Michel Foucault denominó la ¨microfísica del poder¨, y que según Max Weber reside en ¨toda posibilidad de hacer triunfar la propia voluntad en el seno de una relación social, incluso a pesar de las resistencias¨.

2ª parte

·       Qué es ser ciudadano.

Una observación inicial y que a fuerza de ser evidente se la deja pasar, es que, para ser ciudadano en sentido pleno, el hombre debe recibir una formación especial. La razón es que, si bien el hombre está naturalmente inclinado a vivir con otros, sin embargo es un hecho histórico y cultural que esta tendencia la ha canalizado en organizaciones políticas. Por lo cual, para incorporarse y convivir dentro de una comunidad política, es menester un aprendizaje especial. De aquí que las preguntas: ¿qué es ser ciudadano? y ¿qué significado e implicancias comporta el serlo? no tienen una respuesta simple ni se dice en dos palabras: es menester un recorrido que vaya abarcando los distintos aspectos que configuran dicha denominación.

1. La pertenencia a una comunidad política
Como primera aproximación diremos que ser ciudadano supone la pertenencia a una comunidad política. En sentido amplio, para que una comunidad sea designada como “política”, es suficiente que un grupo humano esté asentado sobre un determinado territorio, dentro del cual el mantenimiento de las relaciones entre sus miembros es garantizado por una autoridad. En una comunidad así constituida, sus miembros están unidos por un fuerte sentimiento de pertenencia y fidelidad. En este sentido amplio, los hombres desde siempre han pertenecido a una comunidad, por lo que se puede afirmar que naturalmente es un ser político. Sin embargo, para ser designado como tal en un sentido riguroso, este tipo de pertenencia es necesario pero no suficiente.
La comunidad humana organizada políticamente –en sentido estricto- es una realidad histórica propia de las Polis (ciudad-estado) griegas. Fue entre los griegos de la época clásica cuando se dio por primera vez un modo de asociarse en el que las relaciones humanas eran regidas por leyes establecidas por sus mismos miembros y a las cuales todos sin excepción estaban obligados a observarlas. La base de esta organización estaba en el reconocimiento recíproco de la igualdad y de la libertad de cada uno, por lo cual el poder no podía ser ejercido despóticamente, sino que un cierto consenso por parte de los ciudadanos era requisito indispensable para la legitimidad de su ejercicio. Por la misma razón, el derecho a gobernar era inherente a la condición de ciudadano, pero dada la necesidad que tiene toda comunidad de ser gobernada conforme a reglas establecidas, la designación del mandatario era por elección y por períodos determinados según una constitución.
Puestas las cosas así, la asociación política es el ideal de convivencia social, un modo de asociación en la que el hombre entra a formar parte de una comunidad con sus plenos derechos y deberes. Desaparecida con el hundimiento de las Polis, en el siglo IV a.C., reapareció a comienzos de la modernidad con nuevo vigor y con las necesarias modificaciones, de tal forma que hoy día la estimamos como si fuera algo casi natural y no como un logro histórico que es necesario sostener y perfeccionar.

La comunidad política no es una gran familia regida por relaciones similares a las que existen entre padres e hijos, ni una alianza militar en vistas a aunar esfuerzos para una conquista, ni una empresa económica cuyo único fin es resolver las necesidades materiales de sus componentes. Es mucho más que esto. Las relaciones políticas están fundadas en un orden distinto y superior al que se establece para obtener fines particulares. Su fin es el bien mismo de la comunidad en cuanto ésta ofrece a todos, no solo los recursos económicos y la defensa frente a enemigos interiores o exteriores, sino un marco de convivencia en el que, por la unión concertada de sus miembros, el hombre puede alcanzar el desarrollo de todas sus potencialidades materiales y espirituales, cosa que ninguna otra asociación puede ofrecer.
La unidad buscada en una comunidad política no suprime la familia sino que la protege y le amplía el horizonte para el cumplimiento de sus fines. Tampoco suprime las asociaciones de todo tipo que puedan darse (educativas, culturales, económicas, deportivas, etc.) sino que además de suponerlas, les da un marco jurídico que garantiza su permanencia y las regula en vistas al interés y bienestar general. Asimismo la comunidad política no implica la invasión en lo privado o sea, en las convicciones, creencias, afectos, aspiraciones de los individuos, antes bien las garantiza y protege.

La comunidad política lleva a su cumplimiento las condiciones para que los valores personales, sociales y culturales de los que ya hemos hablado puedan alcanzarse plenamente. Desde este punto de vista, la comunidad política no es otra cosa que la expresión concreta y mayor de la sociabilidad del hombre. Por una parte, respeta la libertad e igualdad de todos y por la otra, los asocia para que, desplegando en distintos planos sus aptitudes y actividades, las inserten dentro de una finalidad común. Más todavía: responde a una necesidad del hombre de convivir junto a otros, comunicándose con ellos y enriqueciéndose mutuamente.

Correctamente se afirma que lo que hace que el hombre se asocie políticamente es el logro del bien común. Pero ¿en qué consiste este bien común? Se entenderá mejor si la pregunta la formulamos así ¿cuando una comunidad política es buena? La respuesta es bastante simple: cuando está bien organizada y gobernada, cuando hay justicia y concordia, cuando todos tienen acceso a los bienes materiales y espirituales, cuando está garantizada la libertad e igualdad de sus miembros, cuando la vida y los bienes están asegurados, cuando está protegida de los enemigos de dentro y de fuera, en una palabra, cuando las leyes son justas y rigen efectivamente la vida en común. En esto consiste el bien común, que es imposible lograrlo por cada individuo aisladamente o por otras formas de asociación.

El Estado totalitario, de cualquier signo que sea, niega estos presupuestos y con ello, niega los fundamentos mismos en que se asienta lo político. Según esta posición, la grandeza de un Estado es su poderío militar y económico, capaz de avasallar a sus vecinos, material y espiritualmente, dictando lo que es correcto pensar y obrar, al margen de toda otra razón que no sea la de sus propios intereses. El criterio de bien común deja de ser el bienestar de todos dentro de la libertad, para dando lugar a un egoísmo desenfrenado que estima como valor supremo de una comunidad su fuerza y prepotencia.
En la época moderna este fenómeno se dio con los resultados que todos conocen. En aras de la eficiencia del poder y de la conjunción de esfuerzos planificados desde arriba, se destruyó la dignidad de las personas y sus legítimos derechos. Un totalitarismo más solapado es actualmente el que ejerce el poder económico, tecnológico y militar que busca unificar mentalidades, conciencias y patrimonios de la comunidad bajo el nombre de “nuevo orden mundial”. Más de una obra literaria describe la posibilidad de un gobierno mundial totalitario. Es conveniente no tomarlo como un relato que se agota en una simple ciencia-ficción, sino de un toque de alerta de lo que puede suceder, si no se toma conciencia de este peligro y no se ponen los medios necesarios para que esto no ocurra.
El reflexionar en qué consiste propiamente la esencia de lo político no es por lo tanto un mero ejercicio académico o escolar, sino una idea fuerza que debe impulsar a la acción inteligente y sostenida, con la conciencia de que en esta reflexión estamos involucrados y comprometidos nosotros mismos.

2. La participación política.
Ser ciudadano implica poder participar de los beneficios que reporta el ser miembro de una comunidad política. Es tener derechos para disponer de ellos frente a cualquier pretensión ajena que intente violarlos. Los derechos garantizados por la constitución y las leyes no le pueden ser negados ni cercenados. Esto está claro en la conciencia ciudadana. Pero lo que no está tan claro es la obligación de todos para que estos bienes, sean materiales o espirituales, realmente se vayan consiguiendo mediante el esfuerzo y el trabajo. Y esto sólo se logra mancomunando acciones que permitan disponerlos. O sea, el ciudadano no solo tiene derecho a recibir, sino que también tiene el deber de dar. O más exactamente, tiene el derecho de recibir porque ha hecho su aporte, directa o indirectamente, al bien común.
En este sentido algunos pensadores políticos han afirmado que la comunidad política es el resultado de un contrato o pacto implícito mediante el cual habría una contraprestación de servicios entre los miembros que la componían. Podría objetarse y con razón que una comunidad política es algo más que una asociación de tipo utilitario, pero desde el punto de vista de la relación justa entre los partícipes de un bien común parece no estar lejos de la verdad.

Para que una comunidad política sea posible, es menester por ende no solamente pertenecer a dicha comunidad, sino participar en la misma como miembro activo. Todos, de una manera o de otra, deben aportar su esfuerzo para el bien común. En el lenguaje moderno, el término “democracia”, además de contraponerlo a la monarquía clásica, remite al concepto de la participación del poder. En este caso, si bien la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por sus representantes, esto no quita que el ciudadano debe de alguna manera hacerse cargo, consciente y responsablemente, de la cosa pública.
Así pues, en un régimen democrático (en sentido moderno del término) y de acuerdo a lo que constituye la esencia de lo político -que es una convivencia fundada en las leyes- todo ciudadano debe estar atento, antes que nada, a la institución de leyes justas y oportunas y de velar por su cumplimiento. Tratándose de una participación que se ejerce a través de representantes, es deber de todo ciudadano elegir a personas competentes para esta elevada responsabilidad.
Uno de los problemas de las democracias modernas es el clientelismo o la fidelidad a un caudillo o a un partido, que es el que en definitiva hace la lista de los candidatos. Este tipo de participación es espurio, ya que el concepto de democracia está fundado en la capacidad y voluntad del ciudadano de una elección personal, fundada en un examen previo de los programas y candidatos. De este modo, la emisión del voto es al mismo tiempo un deber jurídico y moral: cada ciudadano es responsable de lo que libremente ha elegido. Las elecciones se convierten así en una instancia importantísima para la buena marcha de los asuntos públicos. Es por ello que una práctica política basada en el clientelismo, tiende a destruir paulatinamente la democracia, conservando de ella solamente la cáscara.
La elección de los representantes del pueblo supone a su vez otro tipo de participación complementaria: el de exigir a los candidatos el cumplimiento de lo que previamente han propuesto a la ciudadanía. Esto se torna difícil en la práctica, porque en general se constituye una clase política en la que se establecen solidaridades y redes del poder que incluyen intereses económicos muy fuertes. Con todo, es menester que la ciudadanía exija una información veraz acerca de los asuntos más importantes y presione por medios pacíficos y adecuados que se cumpla con lo previamente pactado: el de representar efectivamente los intereses del pueblo.
En otro orden de cosas, la comunidad política debe proveer para el logro de sus fines los recursos económicos necesarios. Si tenemos en cuenta que un Estado moderno tiene la obligación de crear y sostener los entes públicos destinados a la salud, a la educación, a la seguridad y otras necesidades de la población, es necesario que todos proporcionalmente contribuyan a este fin mediante el pago de impuestos y otras obligaciones. Desde luego, si el régimen impositivo no es ecuánime o está más allá de las posibilidades de los contribuyentes, el ciudadano debe intervenir para que esto no ocurra. De todas maneras, en principio es una obligación jurídica y moral el que no se debe evadir con pretextos que pueden esconder otros intereses egoístas.
No es el caso de detallar los deberes y derechos de los miembros de una comunidad, pero sí el señalar la responsabilidad de los que asumen una función política o una tarea pública administrativa, responsabilidad tanto mayor cuanto el cargo sea más elevado y sus decisiones más trascendentes. Las funciones públicas, cualquiera sea su tarea, no son simplemente puestos de trabajo que a toda costa hay que mantener, aún en el caso de incapacidad e inoperancia. Esta participación en el gobierno de la cosa pública es remunerada por la sociedad al solo efecto de los necesarios requerimientos que toda organización exige para obtener un bien común, que en este caso es el de la sociedad en su conjunto.
En las democracias modernas la participación en lo político se hace por partidos que en general se dividen por ideologías e historias que los distinguen. Si bien la participación activa dentro de los partidos no es obligatoria, moralmente debe conocer sus hombres y propuestas, de lo contrario no podrá elegir a la hora de votar o de legitimar el poder. El desánimo, muchas veces justificado, que todo está corrompido y que es inútil hacer algo para cambiar la realidad, conduce a una apatía por los asuntos públicos que lejos de mejorar las cosas, las empeora cada vez más.
El ciudadano mancomunadamente debe reaccionar contra este comportamiento y dentro del ámbito de su vida y de sus posibilidades, debe intervenir para cambiar progresiva pero firmemente la situación. De lo contrario estaría colaborando sin saberlo ni tener esa intención, al establecimiento de una dictadura de personas o grupos que manejan el poder según su arbitrio e intereses.

Hay otro aspecto que tiene que ver, aunque lo sea indirectamente, con el bien común. Nos referimos en primer lugar a los bienes económicos, producidos, comercializados y financiados por empresas grandes o pequeñas. En efecto, uno de los fines principales por los cuales el hombre se ha asociado desde tiempos inmemoriales con otros, es la procura de los bienes materiales para la vida. Y es en la asociación política, donde encuentra las mejores posibilidades para su logro. Las actividades en este sector son de suma importancia para el bien común y la participación en ellas es una contribución al bienestar general, lógicamente siempre y cuándo la ambición de ganancias no atente precisamente contra él. Es tarea del Estado que esto no ocurra, regulando las condiciones necesarias y suficientes para que la libertad económica de los individuos no se extralimite y quede dentro de los marcos asignados por las leyes.
Actualmente se ha producido un fenómeno auspicioso que, aunque originado las más de las veces por las necesidades que padece un gran sector de la sociedad, muestra una toma de conciencia de los ciudadanos como un deber ético de solidaridad que evite en lo posible la marginación y las carencias, sea éstas físicas, intelectuales o morales. Son las llamadas organismos no gubernamentales (O.N.G.), realizados por esforzados y meritorios voluntarios, cuya acción va creando una nueva mentalidad en la gestión de la cosa pública, rompiendo rutinas, formalismos, etc. y sobre todo, tendiendo los puentes necesarios entre el pueblo la clase política.
Sin la inclusión de todos, no se puede hablar de una comunidad. Desde luego que el fenómeno de la exclusión –resultado en parte de las transformaciones tecnológicas y de los monopolios internacionales- no se arregla con estas acciones. Pero si estas superan la primera etapa de asistencialismo para progresivamente llegar a una capacitación laboral unida a una formación ética y ciudadana, entonces se irá produciendo una transformación desde abajo que en algún momento deberá hacerse presente en la toma de decisiones legales y políticas.

En síntesis, el ciudadano es por definición un hombre que forma parte de una comunidad política como miembro libre de impedimentos para ejercer sus derechos en plano de igualdad ante la ley. Esta definición debe traducirse en realidades, de lo contrario es un simple discurso. Y lo será en la medida en que se de un concurso de ideas y acciones en las que todos se sientan comprometidos, cada cual desde su lugar y posibilidades. No debe olvidarse que la fortaleza y prosperidad de una comunidad política está en la responsabilidad de los ciudadanos.


3. La constitución del Estado.
Una comunidad política se constituye como tal cuando se asienta sobre una constitución establecida por un consenso entre sus miembros. La constitución es “la ley de leyes” ya que es la que instaura el régimen político y sienta las bases de todos los derechos y obligaciones. De esta manera, la constitución organiza de modo estable las necesarias relaciones entre gobernantes y gobernados y de los ciudadanos entre sí. No sale de la nada ni es una elaboración puramente teórica, sino que tiene en cada país sus antecedentes históricos, sociales y culturales, a los cuales da forma jurídica en sus enunciados y en sus preceptos.
Ahora bien, siendo la Constitución una de las expresiones máximas del debido ordenamiento social, no lo puede ser de un régimen dictatorial o reservado a una clase social hegemónica. Y esto porque el poder se origina en el pueblo y la constitución es justamente el medio para que el pueblo, en todos los sectores que lo componen, tenga activa y pasivamente participación de lo público. En consecuencia una Constitución para ser verdaderamente política debe instaurar un régimen que responda a este principio.
Las constituciones modernas en general se establecen a través de una asamblea constituyente, elegida por los ciudadanos y las leyes que de ésta resultan son consignadas por escrito. Aunque para su elaboración los constituyentes se valgan de consideraciones en torno a cada disposición sobre el qué y para qué en lo general y en lo particular y se valgan de la retórica para persuadir a los demás de su posición, el texto escrito está exento de tales cosas: una rigurosa racionalidad sella toda la pieza, manifestada en un orden lógico y un lenguaje técnico jurídico.

Los constituyentes no son desde luego hombres neutrales en cuanto a ideologías, que no hay porqué adscribírselas siempre a intereses espurios. En la mayoría de los casos responden a una concepción de la política que creen honradamente ser la correcta. De ello resulta que una constitución esta basada en una idea de lo que debe ser y de lo que no debe ser una comunidad política. Así tenemos, siempre dentro del régimen democrático, las constituciones fundadas en una doctrina liberal y otras en una doctrina social.
En lo político, el liberalismo pretende asegurar la preeminencia del individuo limitando la intervención del Estado, sobre todo en las cuestiones económicas o vinculadas a ella. En la Constitución esta idea se plasma en una detallada enumeración de los derechos y garantías asegurando al individuo frente al Estado en el que ve un factor de distorsión en las relaciones libres y un peligro de atropello de la autoridad en cuanto a su cercenamiento. Uno de los pilares del liberalismo es la libertad absoluta de los mercados y el derecho de la propiedad privada. Históricamente surge como defensa ante las arbitrariedades y exacciones del Poder Absoluto de los reyes y príncipes, pero progresivamente cae en el manejo de los poderes económicos nacionales e internacionales. Este tipo de régimen constitucional fue el modelo de Estado progresista en el siglo XIX, lo que explica el énfasis en las garantías de la libertad en todos los órdenes.
Las Constituciones democráticas desde el siglo XX en adelante van corrigiendo la unilateralidad de esta concepción, incluyendo los derechos sociales, manteniendo los principios de libertad pero insertándolos dentro de un contexto social. Por ejemplo, no sólo asegurando la libertad de todo ciudadano para recibir una educación, sino obligando al Estado como un deber el crear y mantener escuelas y otros centros para que esto se haga realidad. Lo mismo dígase de la salud, de la promoción de los emprendimientos económicos, culturales, etc. Con esto se cumple en mayor medida la protección del bien común y no sólo del individual y por lo tanto, se rescata aquello que es el principio de la comunidad política. La afirmación que el bien o interés público es la norma moral y jurídica que debe inspirar toda constitución y guiar todas las acciones políticas ha sido resultado de luchas (conquistas sociales) y enfrentamientos ideológicos muchas veces violentos.

Guardados estos presupuestos, cuando se producen cambios importantes en la sociedad y los elementos que dieron origen a una determinada constitución ya no son los mismos, se impone una reforma que atienda a estas novedades. La Constitución vigente merece respeto y acatamiento, pero no debe transformarse en una actitud que mire sólo el andamiaje y no el edificio. Al fin y al cabo, no está el hombre para la Constitución sino ésta para el hombre. Es decir, la constitución no es una pieza inamovible y rígida, antes por el contrario es un instrumento, el más importante de todos, para la convivencia según la justicia. Y como todo instrumento, es bueno cuando se adecua a las realidades sociales y dentro de las exigencias éticas.

Sin embargo, estos cambios exigen la mayor prudencia. En efecto, la finalidad de una constitución es instaurar un orden jurídico estable, lo que hace posible que cada uno sepa a qué atenerse en las relaciones con los demás. Siendo un asunto tan grave, no es conveniente hablar ligeramente de reformas, mucho menos cuando se quieren hacer -como se ha visto más de una vez- para satisfacer ambiciones personales o de grupos. La Constitución es una cosa seria y la decisión de una reforma debe hacerse después de un maduro examen, pensando bien qué cosas se introducen, se reformulan o se quitan, no sea que como dice el proverbio “es peor el remedio que la enfermedad”.

Uno de los problemas cruciales de la constitución es el ejercicio del poder en vistas a asegurar por un lado, la suficiente autoridad y eficacia y por el otro, su utilización para el logro del bien común. De ello hablaremos a continuación.

4. El poder político.
Toda sociedad necesita ser dirigida por personas investidas legítimamente de autoridad para ello. Desde sus comienzos en la antigua Grecia se vio la necesidad de aclarar en qué podía fundarse el poder de unos sobre otros, dada la igualdad entre los ciudadanos. Pero es un hecho que sin alguien que gobierne, es imposible toda comunidad. Varias fórmulas se ensayaron para conseguir un equilibrio del poder, para su ejercicio legítimo y para evitar que se extralimitara. Desde entonces hasta ahora, el tema del poder político es uno de los temas más arduos de resolver. Y lo es, por los peligros que siempre entraña el tenerlo: por experiencia, en general dramática, se sabe que el que tiene el poder lo quiere tener absolutamente y a cualquier costo.

Dentro de la doctrina clásica, la fuente del poder político está en el pueblo, que delega en personas, a través de procedimientos legales, el poder de gobernar. Por ende los gobernantes no son otra cosa que ciudadanos a los que el pueblo les ha concedido temporariamente el poder, no para provecho de sí mismo, de sus familiares o amigos sino para cumplir una misión muy difícil y delicada. En consecuencia, tiene poder en tanto y en cuanto use de él para asegurar el bienestar general. Ya decían los antiguos que es más fácil gobernar a esclavos que a hombres libres. Y como las relaciones humanas en un Estado no son las de amo y esclavo, el ejercicio del poder debe estar orientado a conjugar voluntades muchas veces contrapuestas y resolver conflictos de diversas características, de tal suerte que se pueda asegurar dinámicamente la paz y concordia entre los ciudadanos.
El poder político es uno, a saber, el gobernar. Pero en los estados modernos, su ejercicio se divide en el poder ejecutivo, que promulga las leyes y realiza las acciones necesarias para alcanzar los fines de la comunidad; en el poder legislativo, fundamental para ordenar estas acciones y en el poder judicial para garantizar el orden legal mediante la aplicación de sanciones. Aunque da la impresión que el poder se divide en tres, en realidad es un sólo poder -el de gobernar- realizado por tres órganos que tienen distintas competencias y son relativamente independientes, ya que necesariamente tienen vinculaciones entre sí. La división de los órganos del poder obedece a una larga experiencia histórica que muestra el peligro de concentrar en una sola mano todo el poder. Una división de competencias es una solución que tiende a un cierto equilibrio interno del poder.
En el siglo XIX y XX se entendió que el poder más importante era el legislativo, cabiendo al ejecutivo –como su palabra lo indica- ejecutar las leyes y al judicial, el aplicarlas. Esta concepción responde teóricamente mejor al principio que en una democracia el pueblo se da sus propias leyes a través de sus representantes. Sin embargo, en la práctica, es el poder ejecutivo el que ha cobrado mayor importancia, en parte por la necesidad de llevar a cabo acciones concretas en beneficio de la comunidad y en parte, por la celeridad de los asuntos políticos que requieren cierta centralización de poder para abordarlos y resolverlos.
Todo esto implica derechos y obligaciones del poder político que deben armonizarse con el derecho de todo ciudadano. En la idea de democracia, los elegidos directa o indirectamente por el pueblo, debieran al fin de sus mandatos rendir cuenta de su gestión, desde el estado de su patrimonio hasta la administración de la cosa pública, de proyectos presentados y labores parlamentarias y de los juicios resueltos, conforme a sus respectivas representaciones. El énfasis que se pone en el momento de la elección debería complementarse con esta rendición de cuentas, como sucede en casos de mucha menor trascendencia en cualquier mandato: el mandante pide informes del resultado de lo encomendado al que se le confió una tarea.

Desde siempre el concepto de Estado ha implicado una organización del poder pero dada la complejidad de los asuntos y los intereses en juego, en la modernidad adquirió una forma determinada. El elemento sobresaliente es la progresiva centralización del poder por solicitaciones cada vez más amplias que acaban por comprender el ámbito entero de las relaciones políticas. De este proceso, basado a su vez en la afirmación concomitante de la obligación política en todo el territorio nacional y de la progresiva adquisición de la impersonalidad del mando, surge como resultado de un proceso histórico, el estado moderno. (El resurgimiento del caudillismo sería una rémora en este proceso). El Estado se levanta como la red de enlace del conjunto de las relaciones sociales, unificadas en el momento de la gestión política. La imagen del Estado moderno es el de una única estructura organizativa formal de la vida asociada, de verdadero y exacto mecanismo para la administración de la cosa pública.
Como consecuencia se instala y desarrolla una vasta burocracia que constituye la gestión del poder según procedimientos cada vez mejor definidos. La palabra “burocracia”, que significa “poder del escritorio o del despacho administrativo”, siempre tuvo mala fama. Ya el viejo refrán español que dice que “las cosas de palacio van despacio” da cuenta de lo antiguo del asunto. Sin embargo es necesaria, ya que la gestión pública requiere de funcionarios especializados en cada sector y un cuerpo para cubrir la red de instancias que debe recorrer cualquier gestión en los dos sentidos de ida y vuelta: de abajo para arriba y viceversa o de arriba hacia abajo y viceversa. Así y todo, el estamento administrativo asegura, al menos en principio, que toda gestión siga un curso previsible y no esté sujeta a arbitrariedades o favoritismos.

El Estado moderno necesita de un vasto poder administrativo posibilitado por la burocracia. Pero en todos los países del mundo, estos órganos administrativos presentan problemas de difícil solución. Desde el punto de vista económico, la burocracia demanda grandes costos al erario público, que se justifican en tanto el sistema es eficiente y apropiado. Sin embargo, toda burocracia tiene una dinámica propia que consiste en auto-reproducirse, es decir, de extender cada vez más su radio de influencia y número de personal. De aquí aquello que “la burocracia crea más burocracia”.
Sin embargo, los problemas más graves ocurren en el campo político. Al intermediar entre el poder político y los ciudadanos, las órdenes de aquel o los reclamos de éstos deben atravesar una vasta red que puede distorsionar seriamente el flujo entre ambos. Es conocido el “cajoneo” de muchos expedientes y las demoras para la aplicación de muchas leyes o iniciativas gubernamentales, no pocas veces ocasionados por actores extraños a la tarea de gobernar mediante el soborno u otros medios reprobables.

El fenómeno de la burocracia no es exclusivo del Estado. Las grandes organizaciones la tienen: son los famosos “aparatos” políticos, sindicales, empresariales, etc. Es que la progresiva racionalización ha llevado consigo la división del trabajo en secciones especializadas. Cada sección tiene su tarea y sus competencias que responden a un jefe. Las secciones a su vez están relacionadas con otras de similares características que tienen de común el cumplimiento de determinados objetivos. Siguiendo un estricto orden vertical, los jefes a su vez deben responder a funcionarios de mayor jerarquía, en una pirámide en cuya cúspide, pasando por subsecretarios y secretarios, está el ministro encargado de un área. Todo este aparato es sumamente oneroso para los contribuyentes que se justifica si es funcional, pero se torna perjudicial cuando los trámites son multiplicados inútilmente y las resoluciones nunca terminan de salir.
Uno de los caracteres del Estado Moderno era la soberanía. Actualmente los Estados han reformulado el concepto de soberanía: en lugar de pretender una total independencia económica y política, lo que se busca es lograr, mediante tratados especiales, una integración dentro de la región. Sobre esta base se ha llevado a cabo un proceso de integración regional cuyo modelo más exitoso es la Unión Europea, logrado por etapas y después de largas negociaciones. En América del Sur, desde hace varios años se viene trabajando también en la constitución de mercados comunes para la defensa, desarrollo y financiamiento de la industria y comercio de los países signatarios. El que nos toca más de cerca es el Mercosur, que comprende como países signatarios a la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, dejando la puerta abierta para la adhesión de otros países de la región. Inicialmente encarado como una progresiva integración económica, poco a poco tiende a abarcar otros sectores como el científico-tecnológico, el cultural, el social, etc.
La razón de ser de estos bloques es el cambio producido en el mundo por el llamado proceso de globalización, que en realidad encubre un proyecto de neo-imperialismo. Para sostener y desarrollar las propias capacidades y conservar la autonomía esencial para que una comunidad sea en verdad “política” (y no una factoría), los países se han visto obligados a unirse entre sí y presentar un frente común más fuerte para poder negociar en mejores condiciones con otros países o grupos de países poderosos y con la banca internacional.
Las tremendas presiones que reciben estos países menos desarrollados, a veces solapadas y otras veces no tanto, exigen la unidad de esfuerzos dentro de esta asociación de países como dentro de cada país que la componen. Esto último es necesario, porque sería ingenuo creer que dentro de nuestros países no existen intereses y grupos poderosos vinculados estrechamente con los centros del poder mundial que, valiéndose de los medios de comunicación, tratan de inducir a la población de la conveniencia, o más aún, de la necesidad de “no perder el último vagón del tren del progreso” o de “no quedar fuera de un proceso ineludible” que nos llevaría a un desarrollo inesperado. Los pasos que se iniciaron en nuestros países, con la ruina de nuestra producción, el enorme endeudamiento y la desocupación y miserias consecuentes, nos dicen mejor que los discursos hacia donde marcha ese tren y qué clase de inserción se pretende.
Los bloques regionales satisfarían por un lado, la conveniencia de no multiplicar recursos y esfuerzos y por el otro, de integrarse a la comunidad mundial con mayor capacidad de auto-decisión. En un plano más abarcador está la Organización de las Naciones Unidas, que originariamente se creó con el fin de mediar en los conflictos graves entre las naciones, pero que poco a poco extendió su radio de acción con múltiples organismos dependientes .

En síntesis, toda Constitución Nacional es la pieza fundamental para la organización de una sociedad políticamente constituida. Dentro de sus preceptos, las leyes que concretan sus contenidos así como las acciones que se ejercen en todos los ámbitos son legítimas. Sobre todo e históricamente muy importante es la regulación del poder, de tal suerte que se garanticen tanto las libertades públicas y privadas como la seguridad de los ciudadanos.

Constitución de la Nación Argentina

Espacio Curricular: Construcción  de Ciudadanía

LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Trabajo de investigación y pistas de reflexión

Consignas:

1. Que es y para qué sirve una constitución?.

2. Historia de la Constitución Nacional:

a- Enumerar los antecedentes de la Constitución de 1853

b- Reformas realizadas a la Constitución Nacional: cuándo se efectuaron y que se modificó en cada caso.

3. Realizar un esquema simplificado con el contenido de la Constitución Nacional.

4. Preámbulo: enumerar los fines y objetivos de la Constitución Nacional.

5. Parte Dogmática: declaraciones, derechos y garantías.

a-      Explicar que es una declaración, que son los derechos y que son las garantías.

b-     Ejemplificar con tres artículos cada una de estas categorías.

c-      Declaraciones políticas: explicar cuál es la forma de gobierno que establece el artículo 1º de la C.N.

d-     Declaraciones religiosas: comparar el alcance que tiene el artículo 2 y el artículo 14 respecto de la religión y el culto

e-      Declaraciones económicas: sintetizar lo establecido en los artículos 10 y 25.

f-      Declaraciones jurídicas: cuál es el procedimiento para reformar la constitución según el artículo 30.

g-     Derechos constitucionales civiles y sociales: enumerar los principales derechos consagrados por el articulo 14, 14 bis, 15, 16, y 17. 

h-     Derechos constitucionales políticos: enumerar los principales derechos consagrados en los artículos 37, 38, 39 y 40, explicitando los mecanismos de democracia semi-directa.

i-       Derechos de la solidaridad o colectivos: que derechos colectivos fueron consagrados por la reforma de 1994 en el articulo 41 y 42.

j-       Garantías constitucionales: explicar cuáles son los mecanismos legales de garantía de derechos están establecidos en los artículos 18, 19 y 43. 

g-   Que disposición defiende el orden democrático frente a los golpes de estado?

h-   En que articulo se reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático?

6. Parte Programática: los poderes del Estado

a-   PODER LEGISLATIVO: Confeccionar un cuadro sinóptico explicando la composición, elección, requisitos, duración, renovación y vacancia de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación.

b-   Realizar un esquema simplificado con el itinerario y procedimiento para formación y sanción de las leyes.

c-   Que es la Auditoría General de la Nación y para que sirve?

d-   Que es la Defensoría del Pueblo y qué funciones tiene?

e-   PODER EJECUTIVO: Confeccionar un cuadro sinóptico explicando la composición, elección, requisitos, duración, renovación y vacancia del Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete y los ministros del Poder Ejecutivo.

k-     PODER JUDICIAL: Cómo se compone y como se eligen los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

l-       Que es el Ministerio Público y que funciones tiene?

m-   Gobiernos de Provincias: cuáles son las atribuciones que mantienen las provincias frente al gobierno nacional?

7. Cuáles son los principales tratados internacionales con rango constitucional desde la reforma de 1994, según el artículo 75 inciso 22?

Las Estrategias de Manipulación Mediática - La formas de manipulación mediática según Noam Chomsky

Publicado el 15 septiembre 2010 en Especiales,Opinión,

Artículo redactado por Sylvain Timsit, recogido en Pressenza: “10 Estrategias de Manipulación” de los medios:

1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución.
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
(Publicado por Omar Montilla, en el Blog Gramscimanía)

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URL del artículo : http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/09/15/noam-chomsky-y-las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica/

La formas de manipulación mediática según Noam Chomsky

Según Chomsky (1990), los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensajes hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto su función principal es entretener, informar e impartir valores y códigos de comportamiento que propiciarán que los individuos se moldeen a las estructuras sociales. Todo ello se ve reflejado en el control ejercido por las macroempresas de comunicación, que procuran mayorpoderío sobre las masas, que necesitan ser cegadas y distraídas de la realidad. La manipulación mediática surge del interés de los grupos dominantes por conformar una conciencia colectiva, lo que Chomsky explica con sus propias palabras:

“En un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda (manufactura del consenso, creación de ilusiones necesarias), marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía”

(Chomsky, N., 1993)

Chomsky, en cambio, no es el autor de "las 10 estrategias de manipulación mediática", texto que se ha convertido en un fenómeno viral en Internet. El verdadero autor es el francés Sylvain Timsit. El documento fue publicado por primera vez en francés, en el año 2002, con el título original "Stratégies de manipulation", en la web syti.net. El copyright del texto es de esa fecha y de dicho lugar y el texto todavía se encuentra en el sitio web de origen. El origen de la falsa atribución a Chomsky, estaría en el error que en su día cometió la agencia Pressenza, según ha manifestado Timsit.

"Magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación". Concierne al mercado de los medios, lo cual sugiere que las grandes empresas de información controlan todos los medios de difusión globales. Estas empresas a su vez tienen nexos con distintas entidades políticas, sociales, industriales y económicas, cuya tarea principal es retroalimentar sus ideologías y pensamientos en la población. De esta manera se impide el surgimiento de medios alternativos que no representen a estas grandes instituciones. Esto según Chomsky,“pone en énfasis la desigualdad de riqueza y poder, así como en los efectos que esta produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios de comunicación de masas".

1. "Beneplácito de la publicidad". La proliferación de los medios de comunicación ha permitido que se generen espacios de publicidad que alientan el crecimiento económico de distintas empresas y de los mismos medios. Sin embargo, con el paso del tiempo la pauta publicitaria ha generado una marcada brecha entre las grandes compañías capaces de lucrar mediante sus anuncios con respecto a las que no disponen de acceso a los medios. "Los anunciantes, en consecuencia, suelen apoyar programas que concuerden ideológicamente con ellos (a saber, contenidos que no sean poner en tela de juicio la ideología corporativa dominante)".¹
2. "Suministro de noticias a los medios de comunicación". Las noticias que se difunden a la audiencia tienden a ser "cuidadosamente seleccionadas" por el gobierno e instituciones privadas y públicas, lo cual resulta en aportación informativa mediocre, aislada de la realidad y falta de crítica. Este filtro justifica los intereses de las élites. Según Chomsky (1988) Los representantes de los medios de comunicación pretenden que lo que el gobierno dice es "de interés periodístico" por derecho propio; es decir, su objetividad es nominal y no real puesto que lo que es aceptado por el gobierno y es emitido por un medio de comunicación sin ser evaluado en un contexto y sin considerar alguna manera de manipulación es tomado como permiso para ser "dirigido", de este modo se constata el manejo de la información mediante el suministro de ésta a los medios de comunicación masivos.
3. "Críticas a los contenidos de los medios de comunicación". También conocido como "El "con el mazo dando" de los reforzadores de opinión". Este ítem constituye la manera como las élites acallan cualquier tipo de información que vaya en contra de sus intereses particulares, ya que para ellas no es conveniente ser criticadas ante una gran masa de gente del común. Es por ello que "si se considera que probablemente algunos acontecimientos, posturas o programas pueden provocar esta respuesta crítica, lo más probable es que sean eliminados" (Chomsky y Herman 1988).
4. "Anticomunismo como mecanismo de control ideológico". El comunismo ha sido siempre el fantasma temido por los propietarios, ya que amenaza las raíces mismas de su posición social y de su estatus superior. Quizá –tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS–, este filtro sea ya obsoleto, pero su política puede extrapolarse fácilmente a casos como el de la guerra del Golfo, mientras que los resabios ideológicos del anticomunismo prosiguen en los medios, promocionando el individualismo proempresarial y el ataque sin cuartel al estado de bienestar. Así mismo el mecanismo de control anticomunista llega a través del sistema a ejercer una fuerte influencia sobre los medios de comunicación por medio de temas esquematizados en términos de la bipolaridad comunista y anticomunista con perdidas y ganancias que abogan por la propaganda de cada grupo (mayoritariamente del anticomunismo), lo que a su vez genera en la audiencia la aceptación de un hecho como verdad legítima.²

DEFINICIÓN DE ESTADO DE DERECHO

El Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho.

·        Estado de derecho

El Estado de derecho surge por oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno.

Con el desarrollo del Estado de derecho, aparece la división de poderes (el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tres instancias que, en el Estado absolutista, se reunían en la figura del rey). De esta forma, los tribunales se vuelven autónomos respecto al soberano y aparece el parlamento para contrarrestar el poder del gobernante.

La noción de democracia es otro concepto relacionado con el Estado de derecho, ya que supone que el pueblo tiene el poder y lo ejerce mediante las elecciones, cuando elige a sus representantes.

De todas formas, hay que tener en cuenta que la democracia no implica que exista un verdadero Estado de derecho. Un líder puede llegar al poder por vías democráticas y después abolir el Estado de derecho, como el caso de Adolf Hitler en Alemania. También pueden existir gobiernos que respetan el funcionamiento democrático en ciertas cuestiones pero que violan el Estado de derecho en otras.

·        Importancia del Estado de Derecho

Es importante señalar que en todos los territorios existe algún tipo de ordenamiento jurídico pero que ello no implica que en el mismo rija un Estado de Derecho, ya que para que éste exista es necesario que la sociedad política se encuentre plenamente juridificada y donde las normas aseguren que todo ciudadano será tratado por igual frente a la justicia.

Es importante mencionar que para que sea considerado como tal un Estado de Derecho debe cumplir una serie de normas, las mismas son:

* La Ley debe ser el mandato fundamental: todos los ciudadanos, incluso quienes gobiernen deben someterse a las leyes y ser juzgados en igualdad de condiciones y no se harán excepciones a ningún individuo, por alto que sea el cargo que posea. Como la Ley es hija del Poder Legislativo y éste se encuentra separado del resto de poderes del Estado, el cumplimiento de las normas podría ser más posible.

* Deben garantizarse todos los Derechos y Libertades: es responsabilidad del Estado que la Ley se cumpla y que en ella se vele por la libertad de todos los individuos que viven bajo su tutela ; la norma máxima del Estado es garantizar este principio.

* La Administración debe encontrarse limitada por la Ley: los directivos del Estado pertenecen a dos cuerpos diferentes: el Gobierno y la Administración, ésta se trata de un elemento no-político y se compone de los funcionarios, y, al igual que el gobierno, se encuentra limitada a las leyes que rijan sobre el territorio.

En las últimas décadas hemos visto cómo el término democracia ha sido manoseado y llevado a la ruina en manos de personajes ineptos, lo cual ha traído como consecuencia que muchos ciudadanos, de países diferentes, se sintieran decepcionados por la política y llegaran a sentir que vivían en un territorio gobernado por dictadores. Esta manera de pensar tan actual y tan nefasta para la política ha hecho trastabillar las bases del Estado de Derecho y obliga a que se busquen con urgencia alternativas para recuperar la confianza del pueblo en sus representantes y la formación de una sociedad igualitaria y responsable políticamente.

Derechos Humanos y la ampliación de la ciudadanía